Dos caminos, un mismo crimen

Publicado el 15 de septiembre de 2026

Mientras Puerto Rico veía a la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera pelear en corte abierta, con la selección del jurado, recusaciones, recursos por publicidad adversa y mociones para suprimir evidencia, había otra conversación que no ocurría frente al público. Según reveló hoy la fiscal Myriam E. Nieves Vera, la defensa se acercó a pedir un preacuerdo mucho antes de que comenzara siquiera la selección del jurado.

Hoy, horas antes de que comenzara el desfile de prueba, Anthonieska se declaró culpable en el Tribunal de Aibonito. Su madre, Elvia Cabrera Rivera, había tomado un camino distinto: fue a juicio por jurado por los mismos hechos y bajo la teoría de común y mutuo acuerdo, y hace cinco días fue sentenciada a 102 años. Dos mujeres, un mismo crimen y dos caminos legales que terminaron de manera muy distinta. Esto es lo que significó cada uno.

El juicio que no comenzó

Anthonieska llegó hoy al Tribunal de Aibonito para comenzar su juicio. Ese juicio no comenzó. En lugar de continuar al juicio, donde la Fiscalía tendría que presentar sus testigos y probar el caso ante un jurado, aceptó declararse culpable mediante un acuerdo. Como parte del acuerdo, el cargo de asesinato fue reclasificado de primer grado a segundo grado, y fue sentenciada ese mismo día.

Eso es la columna vertebral de todo lo que sigue.

¿Qué fue lo que acordaron?

La Regla 72 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico permite que la Fiscalía y la defensa negocien una alegación de culpabilidad por el delito acusado, o por uno de grado inferior o relacionado. Al aceptar el acuerdo, la Fiscalía ya no tuvo que llevar ante un jurado la acusación original de asesinato en primer grado. Anthonieska aceptó culpabilidad por asesinato en segundo grado, y el tribunal aceptó el acuerdo.

El cambio de primer grado a segundo grado sí importa, y no es simplemente quitarle años a la misma condena. Es una clasificación distinta del delito, con una pena distinta. El primer grado conlleva una pena fija de 99 años. El segundo grado, una pena fija de 50 años, antes de considerar agravantes o atenuantes. Ese cambio fue parte del acuerdo negociado. No fue una determinación de un jurado sobre qué delito quedó probado, porque el juicio no llegó a celebrarse.

Una pregunta distinta es por qué la Fiscalía aceptó reducir el cargo. Ahí hay que tener cuidado. Un acuerdo no significa, por sí solo, que la Fiscalía entendiera que perdería el juicio o que no podía probar asesinato en primer grado. Para afirmar cuáles fueron las razones del Ministerio Público hay que atenerse a lo que Justicia haya explicado públicamente sobre su decisión.

¿El juez podía decir que no?

Sí. Que la Fiscalía y la defensa lleguen a un acuerdo no obliga automáticamente al juez a aceptarlo.

La Regla 72 contempla expresamente las dos posibilidades: el tribunal puede aceptar o rechazar una alegación preacordada. Si la rechaza, tiene que informarlo y darle a la persona acusada la oportunidad de retirar su alegación. Si insiste en declararse culpable de todas formas, se le advierte que el resultado podría ser menos favorable que lo negociado.

Antes de aceptar un acuerdo, el tribunal tiene que asegurarse de que la alegación sea voluntaria y consciente, que exista base suficiente en los hechos para sostenerla, y que el acuerdo sea conforme a Derecho y compatible con una sana administración de la justicia. El Tribunal Supremo de Puerto Rico lo ha establecido claramente en Pueblo v. Suárez Ramos. En este caso, el juez Juan A. Reyes Colón evaluó el acuerdo y lo aceptó.

¿De dónde salen los 37 años y medio?

El punto de partida eran los 50 años de pena fija para asesinato en segundo grado. El Código Penal permite reducir una pena fija hasta un 25% cuando se reconocen circunstancias atenuantes. El 25% de 50 años son 12 años y 6 meses. Cincuenta años menos 12 años y 6 meses da 37 años y 6 meses. Esa es la pena que le impusieron por el cargo de asesinato.

La pena fue impuesta con atenuantes, lo que permitió reducir los 50 años hasta 37 años y 6 meses. ¿Cuáles fueron esos atenuantes? Hasta el momento, las fuentes consultadas por Karaya confirman que se aplicaron, pero no identifican cuáles circunstancias específicas fueron reconocidas. Por eso no le vamos a atribuir al tribunal razones que no están documentadas.

¿Y los seis meses por Ley de Armas?

La Ley de Armas establece una pena fija de tres años para esa infracción, pero permite reducirla, cuando existen atenuantes, hasta seis meses y un día. Esa fue la pena impuesta en este caso. Tampoco se identificaron públicamente cuáles fueron esas atenuantes. Sumados los 37 años y 6 meses del cargo de asesinato, el total de la sentencia es de 38 años y 1 día.

Cargo original:

Asesinato en primer grado · pena fija: 99 años

Cargo tras el acuerdo:

Asesinato en segundo grado · pena fija: 50 años

Pena impuesta:

37 años y 6 meses (asesinato) + 6 meses y 1 día (Ley de Armas)

Total:

38 años y 1 día

¿Qué cambió para Anthonieska al aceptar el acuerdo?

Con el acuerdo quedó definido el delito por el cual sería condenada y la pena que recibiría, sujeto a que el tribunal aceptara lo negociado.

Al declararse culpable, renunció al juicio. La Fiscalía ya no tuvo que presentar su caso ante un jurado, y no hubo un veredicto de culpable o no culpable.

Esa es una de las consecuencias principales de una alegación preacordada bajo la Regla 72: el caso termina sin que un jurado tenga que decidir culpabilidad o no culpabilidad, y ambas partes conocen el resultado acordado, sujeto a la aceptación del tribunal.

Hoy no hubo un veredicto.

Un jurado no declaró culpable a Anthonieska. Ella se declaró culpable. Parece una diferencia pequeña, pero jurídicamente no lo es. Al hacerlo, renunció al juicio y a que la Fiscalía tuviera que demostrar su culpabilidad ante un jurado.

En sala, Anthonieska sostuvo que su madre es inocente y que los testigos del juicio de Elvia mintieron. Es una declaración que quedó reportada y que probablemente genere la pregunta de si eso podría ayudar a Elvia en su apelación. Karaya no va a resolver más de lo que hay documentado: decirlo en sala no borra el veredicto contra Elvia, ni convierte automáticamente esa declaración en nueva prueba capaz de revertir su condena. Es un hilo que puede merecer su propio análisis más adelante.

Elvia fue a juicio. Anthonieska no.

Ahí comienza la diferencia más importante. Elvia ejerció su derecho a juicio, y la Fiscalía tuvo que probar su acusación ante un jurado. Hubo testigos, contrainterrogatorios, evidencia, argumentos y deliberación. El jurado la encontró culpable de asesinato en primer grado y de una violación a la Ley de Armas. Cinco días antes de la sentencia de Anthonieska, Elvia recibió la suya: 99 años más 3 años consecutivos, para un total de 102.

Con Anthonieska ese proceso no ocurrió. Cuando llegó el momento de comenzar su juicio, aceptó una alegación de culpabilidad negociada.

¿Las dos pueden impugnar sus condenas de la misma manera?

No. Y la razón es bastante sencilla: Elvia tuvo un juicio, Anthonieska renunció a tenerlo.

Elvia puede llevar ante un tribunal apelativo los errores que su defensa entienda que ocurrieron durante su juicio y que sean revisables en apelación.

Anthonieska no tuvo un juicio. Al declararse culpable, renunció a ese proceso y, con él, a muchas de las controversias que habrían podido surgir durante la presentación de la prueba. Eso no significa que haya renunciado a absolutamente toda posibilidad de acudir a un tribunal en el futuro. Significa que no tiene un juicio completo que revisar como sí lo tiene Elvia.

¿La familia de Gabriela podía oponerse?

En un caso como este, la familia de la víctima tampoco desaparece del proceso. La ley reconoce derechos relacionados con la participación de las víctimas y, en determinadas circunstancias, de sus familiares. Entre ellos está el derecho a ser informados y escuchados en distintas etapas del proceso.

Pero ser escuchado no significa decidir. La familia de Gabriela podía expresar su posición. Eso no significa que pudiera impedir por sí sola que la Fiscalía negociara o que el tribunal aceptara el acuerdo. La decisión procesal no funciona como una votación entre Fiscalía, defensa y familia. El Tribunal Supremo atendió una controversia relacionada con esto en Pueblo v. Acosta Pérez: una vez el tribunal acepta una alegación preacordada, no puede dejarla sin efecto simplemente porque la víctima cambie después su posición.

Esto puede resultar difícil de entender, especialmente en un caso de asesinato. Pero el sistema también tiene que proteger los derechos de la persona acusada. Precisamente por eso existen reglas para negociar, aceptar o rechazar una alegación de culpabilidad.

¿Cuándo podría Anthonieska ser considerada para libertad bajo palabra?

Aquí hay un dato que probablemente sorprenda. Anthonieska fue sentenciada a 38 años y 1 día. Pero eso no significa que tenga que cumplir 38 años antes de poder ser considerada para libertad bajo palabra.

La Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra establece, como punto de partida, que una persona sentenciada bajo el Código Penal de 2012 puede ser considerada después de cumplir el 75% de la pena impuesta. Pero la propia ley establece límites a ese cálculo. Cuando se trata de una persona que era menor y fue procesada y sentenciada como adulta, y el cálculo resulta mayor al requerido para delitos con pena fija de 50 años, ese término no puede exceder de cinco años.

Ese es el escenario que aplica aquí. Anthonieska tenía 17 años cuando ocurrió el crimen, fue procesada y sentenciada como adulta y se declaró culpable de asesinato en segundo grado, delito cuya pena fija es de 50 años. Por eso, bajo el texto vigente de la ley, puede cualificar para ser considerada por la Junta al cumplir cinco años.

Los seis meses y un día consecutivos por Ley de Armas no se suman para calcular cuándo puede ser considerada. Cuando existen varias sentencias consecutivas, la Ley 118 dispone que ese cálculo se hace utilizando el término correspondiente a la pena mayor.

Elvia está en una situación distinta. Fue condenada por asesinato en primer grado y era adulta al momento del crimen. Para ese delito, la ley establece que puede ser considerada después de cumplir 25 años de su sentencia.

¿Qué pasa cuando cumpla esos cinco años?

No sale automáticamente, y tampoco significa que la Junta aparecerá ese día para concederle libertad bajo palabra.

Al llegar al término en que cualifica, Anthonieska puede solicitar formalmente que la Junta de Libertad Bajo Palabra considere su caso. Con esa solicitud autoriza a la Junta a examinar sus expedientes correccionales. Ahí comienza el proceso de evaluación.

La Junta entonces evalúa el caso conforme a los criterios establecidos por ley, que incluyen información sobre el delito, el historial de la persona, su expediente correccional y distintos informes sobre su situación y ajuste institucional. Después decide si concede o deniega la libertad bajo palabra.

Poder solicitar ser considerada en cinco años no es lo mismo que salir en cinco años.

Lo primero es lo que permite la ley. Lo segundo no lo sabemos, y no lo sabrá nadie hasta que la Junta evalúe el caso cuando llegue el momento.

La disculpa que no llegó

Después de la sentencia, Lismary Torres Rosario, hermana de Gabriela, expresó que esperaba escuchar de Anthonieska un lamento por la muerte de su hermana y una disculpa. Es una reacción humana que merece ser recogida.

Pero aquí también hay que separar lo humano de lo jurídico. La ley no exige una disculpa como condición general para que una persona pueda declararse culpable mediante un acuerdo. Una persona puede admitir jurídicamente su culpabilidad sin pronunciar las palabras que la familia esperaba escuchar.

Eso no le quita valor al reclamo de la familia. Tampoco convierte la ausencia de una disculpa en un requisito legal que el tribunal podía inventar.

Karaya Boricua · Cierre

En un proceso penal conviven cosas que no siempre coinciden: el dolor de una familia, la responsabilidad de la Fiscalía de representar al Estado, la función del juez y los derechos constitucionales de la persona acusada. Entender uno no obliga a borrar los demás. El acuerdo resolvió jurídicamente el caso de Anthonieska. Pero no resolvió todo lo demás. No le dio, ni podía darle, a la familia de Gabriela las palabras que todavía esperaba escuchar.

Fuentes primarias, leyes y jurisprudencia consultadas:

- Código Penal de Puerto Rico (asesinato en primer y segundo grado, penas fijas y atenuantes)

- Regla 72 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico (alegaciones preacordadas)

- Ley Núm. 118 de 1974, Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra, según enmendada

- Ley Núm. 168-2019, Ley de Armas de Puerto Rico

- Pueblo v. Suárez Ramos, Tribunal Supremo de Puerto Rico

- Pueblo v. Acosta Pérez, Tribunal Supremo de Puerto Rico (2014)

Cobertura periodística: Primera Hora, Metro Puerto Rico, El Nuevo Día y Telemundo Puerto Rico. Este artículo describe mecanismos procesales y no constituye asesoría legal.

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